Esta página no es política y mucho menos partidaria. Eso no significa que no nos sintamos en la obligación de defender derechos y principios.
La jubilación es el ahorro de toda una vida de trabajo. Cuando uno planifica su retiro, establece un presupuesto de gastos, por lo menos aproximado. Con lo que le toca de su menguada pasividad, calcula a qué cosas podrá acceder y a cuáles no. Convengamos que en la inmensa mayoría de los casos lo que recibe es un porcentaje pequeño de lo que ganaba en actividad (entre el 35 y 50%).
Cuando los gobiernos ponen impuestos a los jubilados están cometiendo una verdadera injusticia. En primer lugar porque es un dinero propio de la persona, es su ahorro, el de toda su vida. Pero, lo más importante, porque le están poniendo la mano en el bolsillo a quien no tiene ya posibilidades de rehacer sus ingresos. Ese impuesto deshace todos los cálculos que – al retirarse – la persona había hecho.
Los gobiernos cometen el error de hacer ver a las pasividades como un gasto sin recordar que ese dinero fue recaudado con los aportes personales y patronales. Lo hacen ver como un gasto inútil que hace crecer el déficit fiscal y entorpece sus números. Como algo que hay que achicar como sea. Y como no se pueden matar jubilados, hay que meter mano en la seguridad social.
“No valoran ni toman en cuenta que en su inmensa mayoría se trata de personas que trabajaron por más de 30 años y aportaron la parte de su sueldo que exigieron las leyes para llegar a una etapa de retiro con el mínimo de sobresaltos. Se olvidan o no les interesa que las pasividades son el reintegro de lo que aportaron de sus sueldos (y pagaron impuestos mientras trabajaban). Es su propio dinero, se les expropia o se les requisa el ahorro de una vida. Con un agravante, la ley establece que pierden su derecho al trabajo o tienen que hacerlo en negro: están presos por sus años, por sus pasividades topeadas, a merced de la voracidad fiscal del Estado -que siempre puede aumentar- y es imposible una marcha atrás”. (El País, Uruguay, 14/04/19)
La jubilación es un derecho. Probablemente haya injusticias, hay jubilaciones privilegiadas, hay regímenes distintos que establecen mejoras para unos sectores sobre otros. Una reforma de la seguridad social seguramente sea conveniente mirando al futuro, sin tocar derechos adquiridos. Una reforma justa, con un régimen igualitario (tanto pata públicos como privados, bancarios o militares, médicos o empleados de la intendencia). Y no sólo basada en aumentar la edad de retiro como repiten “a coro” muchos políticos en campaña.
¿Un impuesto a la jubilación después de jubilado? No. De ninguna manera. Es tremendamente injusto y claramente inconstitucional (por más que por razones políticas no se lo quiera ver como tal).
Además, es absurdo. Nótese que hoy por el IASS (impuesto a los jubilados) se recaudan 200 millones de dólares. Apenas el 0.3% del PIB que en Uruguay son 60 MIL millones.
Es una suma irrisoria cuando se compara con el enorme gasto estatal y con las exorbitantes pérdidas de algunos negocios como lo sucedido en ANCAP; PLUNA; REGASIFICADORA, el MIDES, etc.
El aumento del déficit fiscal se basa fundamentalmente en el pago de salarios de los funcionarios públicos. En los últimos años 70.000 nuevos empleos públicos que representan un aumento del 0.5% del déficit fiscal.
Nótese que el impuesto a los jubilados está financiando esos nuevos empleos. Dicho de otra manera, si no se hiciera “clientelismo” no sería necesario el IASS.
Pero los gobiernos prefieren fomentar el “slogan” de pasividades deficitarias (repetido por periodistas a sus órdenes) en lugar de frenar sus conductas populistas.
De la jubilación no hay regreso. No es un tema de oportunidad, porcentajes o montos, es una cuestión de principios, derechos y justicia.
Juan Garat
