La crisis económica de 1929 de carácter mundial tuvo consecuencias económicas y políticas en el Uruguay. El Uruguay de 1930 había construido un sistema democrático y una sociedad equilibrada, moderna y progresista para sus 1.800.000 habitantes. En marzo de 1930 asumió la Presidencia Gabriel Terra y enseguida se sintieron los efectos de la crisis económica debilitando a los partidos políticos poniéndose en cuestión el funcionamiento de un Ejecutivo bicéfalo. El proceso culminó con el golpe de Estado del 31 de marzo de 1933 lográndose un acuerdo entre diferentes sectores de los partidos tradicionales para aprobar una nueva Constitución (1934) que mantenía la forma republicana, democrática, representativa y laica y ampliaba de derechos, deberes y garantías de los ciudadanos. Gabriel Terra fue designado Presidente de la República para el periodo 1934-1938.
El colorado Alfredo Baldomir asumió la Presidencia en 1838 y en 1942, luego de una negociación política acordaron el llamado “golpe bueno” y una nueva reforma constitucional de gran consenso interpartidario cuyo resultado fue la puesta en vigencia de la Constitución de 1942. El buen clima político y las bondades económicas que propiciaba la Segunda Guerra Mundial caracterizaron a la Presidencia de Juan José de Amézaga en el periodo 1943-1947. Se iniciaba un periodo de esplendor económico que duraría desde 1945 a 1955 caracterizado por el avance de la industrialización y un estancamiento del sector ganadero uruguayo por falta de inversión tecnológica y baja rentabilidad.
Luego de la muerte de Tomás Berreta, Luis Batlle asumió la Presidencia por un periodo que se extendió entre 1947-1951. De personalidad carismática y con ideas renovadores estaba convencido que el país podía crecer económicamente y distribuir su riqueza equitativamente. Sostuvo el modelo de Estado intervencionista, economía dirigida y una industrialización (en 1936 había 91.128 obreros, en 1958 279.592 personas) basada en el concepto de sustitución de importaciones usando el mercado interno como motor. Luis Batlle nacionalizó los ferrocarriles, la empresa de aguas corrientes y los tranvías ampliando los dominios del Estado cuyas medidas se vieron reflejadas en el incremento del número de los empleados públicos (en 1938 había 57.491 funcionarios del Estado, en 1955 168.532).
Una nueva reforma constitucional restauró el colegiado en 1952, ahora con un Consejo Nacional de Gobierno de nueve miembros de seis cargos para el lema más votado y tres al lema que siguiera en orden de votos. El Partido Nacional ganó las elecciones de 1958, en 1959 inició su gestión de gobierno el colegiado blanco. En un intento por liberalizar la economía en un contexto de crisis económica se aprobó la Ley de Reforma Cambiaria y Monetaria, un nuevo régimen para que operaran libremente las leyes del mercado. Las inundaciones de 1959 provocaron una crisis de la producción agropecuaria, En Cuba, 1959, triunfaba la revolución liderada por Fidel Castro y extendía su influencia en la convulsionada América Latina, en 1960 se creó en Montevideo la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) y en 1961 se aprobó el Tratado de Límites del Río Uruguay con la Argentina.
Sin embargo, algo estaba cambiando la seguridad de los uruguayos. El descontento y la agitación social: infiltración comunista en sindicatos, universidad y educación en general, disturbios callejeros, atentados y una polarización sindical cada vez más presente. Los partidos tradicionales, principales interlocutores entre el Estado y la ciudadanía fueron perdiendo sus principales líderes carismáticos (Luis Alberto de Herrera, Luis Batlle Berres, Benito Nardone y Daniel Fernández Crespo) mientras los partidos menores Comunistas, Socialistas y Cívicos mantuvieron un bajo caudal de votos. Estos elementos contribuyeron a su debilitamiento de las institucionalidad en un momento de crisis económica y social.
Mientras los actores políticos buscaban las formas y los instrumentos adecuados para solucionar los problemas económicos, algunos actores sociales comenzaron a manifestar su interés en intervenir en el proceso político porque consideraban que los gobernantes no lograban conjurar la crisis. Para aumentar su presencia y capacidad de negociación, los dirigentes gremiales se posicionaron en una actitud de lucha sindical y propuestas programáticas de corte político. De otra naturaleza fue la fundación del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) con el propósito de subvertir el orden institucional. El incremento de su actividad clandestina dio lugar a la intervención de las fuerzas policiales y militares, y la extensión de la violencia política.
Por el mecanismo de la consulta plebiscitaria, en 1966 se aprobó una nueva Constitución donde se restablecía un Poder Ejecutivo con un Presidente y un Consejo de Ministros. Fue una respuesta insuficiente, de ahora en más todos los actores políticos, sociales y anti sistema van intervenir en la búsqueda de modelos alternativos para superar la crisis del Estado Benefactor. La violencia política llevó al Presidente Jorge Pacheco Areco (sucedió al General Gestido, fallecido en diciembre de 1967) a utilizar los instrumentos coactivos del Estado para mantener el orden y la seguridad pública y a apelar al instituto militar para combatir a la guerrilla.
En 1972 José María Bordaberry asumió la Presidencia y la violencia política en su ápice llevó al Parlamento a aprobar Medidas Prontas de Seguridad, la Declaración de Guerra Interna y la Ley de Seguridad del Estado y Orden Público para enfrentar la guerrilla revolucionaria del MLN. Derrotados en Setiembre de 1972 no impidió revertir el deterioro del sistema político, la conflictividad social alimentada por el corporativismo de gremios y otros agentes, y el avance de las Fuerzas Armadas como protagonista principal de la política. En junio de 1973 luego de los premonitorios sucesos de febrero del mismo año se produjo el quiebre institucional..
