¿Cómo se explica la génesis y el desarrollo del marco institucional del Uruguay? Un enfoque posible es un análisis que tenga en cuenta tres elementos que interactúan y que reunidos fundamentan, en nuestro caso, el aserto de un Uruguay democrático republicano liberal: el sistema institucional y la vida política; la filosofía política y, en tercer lugar, las corrientes de pensamiento y la cultura cívica.
La cultura política de una sociedad está definida por un sistema de creencias empíricas, símbolos expresivos y valores. Creencias y mentalidades conforman la cultura del país. Establecen una continuidad. Sin embargo, el origen de nuevas creencias y los procesos de cambio que operan ante la presencia de nuevas corrientes ideológicas, demandan el análisis de las élites políticas e intelectuales representadas por los gobernantes y los formadores de opinión.
El término democracia liberal reúne una forma de gobierno con una teoría del Estado. El Estado liberal puede concebirse como la ampliación progresiva de la esfera de la libertad del individuo con respecto a los poderes públicos y como la emancipación gradual de la sociedad civil de la acción del Estado. Esta visión expresa una idea contraria a un Estado paternalista y a las formas uniformizadas de los comportamientos de los individuos. Se exalta la necesidad de una sociedad con una relativa autonomía, de las virtudes de la competencia y del disenso entre individuos y grupos, como condición del progreso material y moral.
En cuanto al alcance del término democracia como forma de gobierno, tiene un origen antiguo. Desde sus inicios confirma como titular del poder político al pueblo. Formulaciones modernas de democracia introducen el régimen representativo en contraposición a las asambleas directas de la época clásica. “El principio base de la soberanía popular no se altera, pero se distinguen por la forma en que se la ejerce, sin mandatos imperativos y como representación de la nación, dando origen al sistema parlamentario”. (Daniel Corbo Longueira).
Esta proyección del individuo por sobre la sociedad estamental y corporativa, unido a la creación de entidades de la nación y la ciudadanía, confluye con el nacimiento del Estado Liberal, cuyo principal argumento reside en los derechos inviolables del individuo. De esta forma la democracia moderna concuerda con los postulados propuestos por el liberalismo. Las reglas que establece la democracia como forma de gobierno son vistas como la consecuencia natural de un proceso al garantizarse la distribución del poder entre los ciudadanos.
En el Estado Liberal la igualdad define dos principios fundamentales: la igualdad ante la ley y la igualdad de derechos fundamentales garantizados constitucionalmente. ¿Cómo integrar estos dos principios al igualitarismo democrático que postula un ideal de cierta equiparación económica y la búsqueda de nivelación social? Esta disyuntiva permanecerá como una tensión entre una teoría del Estado y una forma de gobierno. Sin embargo, el liberalismo necesita a la democracia porque sólo ella es capaz de realizar en plenitud los ideales de libertad, al mismo tiempo que el Estado Liberal es la condición para el ejercicio de la democracia.
A las corrientes o tradiciones que definen al liberalismo y la democracia se agrega el republicanismo como una tercera corriente de pensamiento para establecer una síntesis que define a muchos regímenes políticos. La idea de lo republicano implica el desempeño de las funciones públicas como una actividad dignificante que exige cuidadosa sujeción a la ley y un sacrificio de los intereses privados de los funcionarios a cambio de su entrega al servicio del bien público. Esto infiere una distinción entre la esfera pública y la privada. En el republicanismo, por lo tanto, la esfera pública es el área más adecuada para el pleno desarrollo humano.
A pesar de sus aparentes contradicciones (derechos individuales-igualitarismo democrático; escena privada-pública) en el Uruguay se fue instrumentando un sistema político de sólidas instituciones democrático liberales que es efectivamente decisivo en la construcción de las democracias modernas. Tanto para la tradición republicana como el pensamiento democrático, la política permite el desarrollo de la comunidad, mientras que el liberalismo ve en la política un instrumento que garantiza las condiciones para alcanzar fines que residen en el ámbito privado (mercado, familia, confesión religiosa, entre otros).
En Uruguay en el siglo XIX, principalmente, confluye una pluralidad de corrientes constitutivas del liberalismo (liberalismo clásico, liberal-iluminismo, liberalismo-tradicionalismo, libertarismo) y de tradiciones de pensamiento universales. A poco de auscultar las fuentes de inspiración de los Constituyentes de 1830, observamos sus formas republicanas liberales con el predominio del modelo europeo y la presencia vinculante de los conceptos de libertad y democracia de la Constitución norteamericana. El legislador también supo incorporar aquellas disposiciones legales que la Provincia y posteriormente el Estado en formación, se fue dando a sí mismos en su camino hacia la plena independencia política.
Pródiga en virtudes institucionales –un legislador con independencia funcional, la organización e independencia del Poder Judicial, un avanzado espectro de derechos individuales-, la Constitución de 1830 se alineó con el carácter censitario del liberalismo europeo negándole la ciudadanía al pueblo campesino y a los pobres e iletrados de Montevideo, sujetos activos de la revolución. A la “República” le retacearon el esplendor de la “democracia”: “quisieron establecer una república censitaria y letrada, propietarista y civil (no militar), unitaria”. (Romeo Pérez Antón: “Cuatro antagonismos sucesivos. La concreta instauración de la Democracia Uruguaya). Quedó así, pendiente, una tarea de construcciónque fue cumplida por la cultura y el sistema político uruguayo.
El liberalismo político original se pronunció por las libertades, derechos individuales y el voto censitario. En ese proceso de construcción, la democracia en Uruguay ganó espacios e irrumpió hacia los albores del siglo XX. Fue el momento del cambio; se estructuraron y democratizaron los partidos tradicionales; se alejaron las guerras civiles; surgió la clase media; el Estado moderador, regulador, salió en protección del más débil e invadió el ámbito público, Construyó una religión laica –la del Estado-, que ostenta los símbolos identificadores de la nacionalidad. Las fiestas públicas se relacionaron cada vez más con los hechos patrióticos y sus habitantes se transformaron en protagonistas políticos con frecuente ejercicio del voto ciudadano.
La democracia liberal republicana uruguaya constituye, en definitiva, una asociación política por la cual la sociedad admite la diversidad de las voces de sus miembros sin que una de ellas sea preponderante y juzgue a las demás. Se contrapone a la visión jacobina para cuyo modelo la ciudadanía competente implica la capacidad de renunciar a otros intereses y lealtades que no sean del cuerpo político común. Este jacobinismo tiende a disciplinar continuamente al elemento social para que no se salga de los cauces y no afecte la unidad del cuerpo político despreciando los aportes y las preferencias ciudadanas. Su despliegue da lugar a un saber, una moralidad, una cultura y una historia “oficial”, una zona de “nadie y de todos”, sustraída a diferendos y aversiones particulares. En cambio, una visión abierta, plural, encuentra en la diversidad las mejores condiciones sociales de ejercicio de la ciudadanía.
Las tradiciones ideológicas operantes en la cultura nacional han favorecido el establecimiento de una pauta dominante que ha erigido la tradición liberal republicana en su versión batllista como hegemónica, sin advertir otros aportes como las expresiones liberal-conservadora, liberal-tradicionalista y el pensamiento social-cristiano. Estas expresiones han aportado a la configuración democrático liberal del país, no sólo como un factor regulador de la vida política y social, sino el valor de las propias narraciones históricas constitutivas de identidades colectivas, el sentido de comunidad frente a vocaciones individualistas y un sentido de amplia tolerancia de creencias e idiosincrasias, garantes de una conformación más amplia y plural que la sola presencia de una versión dominante y exclusiva, simplificadora de nuestras tradiciones ideológicas.
En un largo proceso de construcción de la ciudadanía, los uruguayos supieron identificarse con un modo de “ser nacional”. Una sociedad igualitaria que se fundó en los principios democrático-republicanos proclamados con claridad desde su origen revolucionario por su líder político militar José Artigas, y en la vigencia de la ley: “Asociada al modelo de ciudadanía predominante y al espacio expandido que ocupa lo político, se destaca la elevada consideración de la ley, entrevista como una suerte de representación simbólica de la nación y del Parlamento como dimensión institucional representativa de la soberanía popular. Este modelo de ciudadanía vinculaba las ideas de nación y de república, unía las imágenes de la urna donde cada ciudadano depositaba ´el voto que el alma pronuncia´ (estrofa del himno nacional) y del Palacio Legislativo, como símbolos privilegiados de un ´nosotros´ uruguayo […] Así la ´nación´ y la ´ciudadanía´ quedaban fuertemente asociadas al funcionamiento de las instituciones y del sistema de partidos, a la índole democrática integrativa del Estado y a la idea misma de ´pacto republicano´ “ (Daniel Corbo Longueira: “La construcción de la ciudadanía democrática en el Uruguay”).
