Otra vez el gobierno negoció en silencio un asunto de interés nacional. Fue con un consorcio chino para la instalación de un puerto pesquero al oeste de Montevideo.
Días atrás se anunció que la empresa Shandong Baoma Fishery Group adquirió un terreno de 28 hectáreas en la zona de Punta Yeguas -ubicado entre los barrios Santa Catalina y Pajas Blancas- donde pretende construir un gran puerto, con capacidad operativa para 500 embarcaciones pesqueras chinas de mediano y gran porte.
Las obras incluirán un muelle de 800 metros de largo y 60 de ancho; un astillero de fabricación y reparación de barcos; un sitio de abastecimiento para los buques y sus tripulaciones; una planta de congelado y procesamiento de productos de alta mar y una fábrica productora de harina de pescado.
El aspecto de mayor interés para el inversionista asiático seguramente es que el gobierno le dará al “megapuerto” los privilegios de zona franca, con lo cual, además de las exoneraciones ya conocidas, le permitirá que los barcos operen sin control del gobierno uruguayo.
En materia de pesca internacional, los controles oficiales son las únicas herramientas disponibles para librar la difícil batalla contra la sobrepesca, la pesca ilegal y prácticas de captura destructivas, que están diezmando los mares y océanos del planeta. Renunciar a ellos es un acto de extrema irresponsabilidad.
Según la FAO el 33,1% de las principales especies comerciales del mundo se pescan a niveles biológicamente insostenibles, lo que significa que tal presión de captura no permite la recuperación de sus poblaciones. En su informe SOFIA 2018 el organismo internacional advierte que a nivel planetario son demasiados los barcos que persiguen a cada vez menos peces. Asia tiene la mayor flota mundial con 3.3 millones de buques (son el 75% del total), y China es el mayor productor y exportador de pescado del orbe.
En cuanto a la situación de nuestra región, señala que el 59% de las poblaciones pesqueras en el atlántico suroccidental están sobreexplotadas. Ante este panorama resulta evidente la inconveniencia de autorizarle a un gran consorcio chino de pesca un puerto en el Río de la Plata, en el cual nuestro país no pueda inspeccionar y fiscalizar toda la operativa.
La zona franca equivale a darle “carta blanca” para que actúe a su gusto sobre los recursos del Atlántico Sur.
En el terreno de las formalidades el proyecto necesita ahora que la Junta Departamental de Montevideo recategorice esos terrenos de “zo-na rural” a “zona portuaria”; y luego que la Dirección Nacional de Medio Ambiente apruebe el proyecto desde la óptica de su especialidad.
Por su parte el integrante de la oposición en el directorio de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo, señala con sorpresa, que mientras la ANP está invirtiendo unos 100 millones de dólares en la construcción de la terminal pesquera “Puerto Capurro” -dentro de la bahía de Montevideo-, el gobierno anuncia su pretensión de habilitar otro puerto pesquero -pero privado- a nueve kilómetros de distancia hacia el oeste. ¿Por qué lo hace?
Lo que debería ser innegociable en este asunto es que Uruguay renuncie a su jurisdicción sobre una terminal portuaria. Es inaceptable. Nada lo justifica.
Fuente: Hernán Sorhuet – EL PAÍS, 06/03/19
